La Punta de Lanza

Este artículo fue por primera vez publicado en la sección de opinión on-line, Revista Semana, edición 1209 de Julio 3 de 2005. Ver artículo archivado aquí.

El tema de los colegios públicos en concesión ha sido archivado por varios años. ¿Cuál es la posición de la actual administración Distrital frente a los colegios públicos de concesión? ¿Qué avances en materia de calidad académica pueden ser reportados? ¿Qué impacto han generado los concesionarios en su zona y comunidad cercana?

Los colegios públicos en concesión, con una infraestructura oficial y administración privada, hacen parte de los activos públicos más valiosos de Bogotá. Ahora deben desatar un proceso de mejoras físicas, humanas y pedagógicas en su entorno social.

Sin mayores probabilidades de ser cerrados o trasladados, estos planteles están anclados en su comunidad, lo cual les concede una posición privilegiada para convertirse en motores de desarrollo económico local.

No basta con tener infraestructura de punta si los colegios públicos en concesión no modifican patrones culturales e impactan la generación de riqueza e igualdad. El futuro de los colegios públicos en concesión está atado a la prosperidad económica de las zonas urbanas de bajos ingresos donde están ubicados.

Los centros en concesión tienen como objetivo ofrecer servicios educativos en preescolar, básica y media, a niños de estratos pobres. Comparten el mismo objetivo con el proyecto prioritario del actual programa de educación en el Distrito: proveer educación de calidad en los sectores sociales más deprimidos de Bogotá.

Según las cifras del Plan de Desarrollo, Bogotá Sin Indiferencia, durante el periodo 2004-2008, se invertirán más de $6.9 billones de pesos en el sector de educación.  Alrededor de 9,500 millones de pesos (14.5%) están destinados para mejorar y renovar la infraestructura de los colegios oficiales. Legítima iniciativa cuando por ejemplo en el Centro Educativo Distrital Santa Inés varios estudiantes argumentan que los techos y paredes se están cayendo.  Sin embargo, el actual gobierno paralizó el programa de colegios públicos en concesión. No habrá avances alrededor de las existentes nueve entidades que administran actualmente 23 colegios públicos en concesión. 

La decisión de avanzar un programa y detener otro no parece contemplar la oportunidad que representa que concesionarios privados sean incluidos lentamente en el proceso de revitalización económica de zonas urbanas principalmente por medio de tres funciones derivadas de sus operaciones: (i) clientes de productos y servicios,  (ii) centros de personal administrativo y de servicios, y (iii) conectores entre el mercado laboral y programa educativo.

Agilizar compras institucionales de negocios locales forja una base empresarial. Pueden ser empresas especializadas en la preparación de alimentos/refrigerios escolares o negocios dedicados a la impresión de materiales educativos. Comprando localmente, los colegios reciben un servicio inmediato y personalizado, aprovechando cercanía y tiempo de respuesta por parte de los proveedores.

Los concesionarios tienen una oportunidad de establecer vínculos cercanos con la comunidad por medio de sus contrataciones. Sobresale la contratación de residentes de la zona para cargos administrativos y de servicios. Los colegios pueden iniciar diálogos con organizaciones comunitarias e involucrarlas en el proceso de selección. Estas, a su vez, podrían sugerir personas comprometidas con la comunidad.

En algunos casos, empresas de tamaño medio o grande, hacen parte de la comunidad aledaña de colegios públicos en concesión de Bogotá. Entender los retos y obstáculos de estas empresas, es un primer paso para establecer cursos técnicos orientados a satisfacer posibles necesidades laborales.

Generalmente estudiantes de grados décimo y once, participan en cursos de educación técnica tales como mecánica, secretariado, entre otros. Es posible que instituciones educativas y empresas colaboren mutuamente para ofrecer entrenamiento en habilidades específicas.  A cambio, alumnos participan en posibles prácticas dirigidas por estas empresas. (Ver recuadro adjunto)

Por supuesto la tarea económica de los colegios públicos en concesión no es el aspecto central de su misión. Está claro que es mejorar la calidad de la educación que reciben los estudiantes. Sin embargo, un análisis objetivo de la desigualdad educativa incluye el tema de inequidad social y falta de oportunidades. Es posible vincular avances en la calidad de la educación con avances en la generación de empleos y oportunidades económicas.  El reto es buscar respuestas a la siguiente pregunta: ¿A través de sus inversiones en los colegios públicos en concesión, qué fuentes de dineros privados está el Distrito impulsando a que sean invertidos en programas de revitalización social y económica?